La agencia peruana ProInversión anunció que los gobiernos regionales y locales presentaron proyectos de infraestructura pública por 5.813mn de soles (US$1.980mn).
Un total de 185 proyectos fueron presentados por 6 gobiernos regionales y 13 gobiernos locales, los que se ejecutarán bajo la modalidad de canje de obras por impuestos.
"Esta ley busca impulsar los proyectos de inversión pública a través de la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y locales y las empresas privadas para financiar y ejecutar proyectos priorizados en materia de infraestructura pública", dijo la directora ejecutiva de ProInversión, Cayetana Aljovín, citada por la agencia estatal de noticias, Andina.
Para usar este mecanismo, primero los proyectos deben ser declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
El monto invertido en cada proyecto será certificado por el Ministerio de Economía y Finanzas y los certificados pueden ser usados por empresas privadas como parte de sus pagos de impuestos, indicó.
El valor de los certificados será financiado con los recursos determinados por concepto de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y otros.
La funcionaria también destacó la necesidad de establecer una coordinación eficiente entre los sectores, como los ministerios, reguladores, gobiernos regionales, la Contraloría General de la República y el Congreso.
"Tiene que haber una coordinación interinstitucional para tener una visión compartida de lo que es la promoción de la inversión privada", sostuvo.
La titular de ProInversión señaló que la crisis internacional aún puede seguir afectando los procesos de concesión, ya que los inversionistas todavía podrían tener dificultades para acceder al financiamiento
Un total de 185 proyectos fueron presentados por 6 gobiernos regionales y 13 gobiernos locales, los que se ejecutarán bajo la modalidad de canje de obras por impuestos.
"Esta ley busca impulsar los proyectos de inversión pública a través de la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y locales y las empresas privadas para financiar y ejecutar proyectos priorizados en materia de infraestructura pública", dijo la directora ejecutiva de ProInversión, Cayetana Aljovín, citada por la agencia estatal de noticias, Andina.
Para usar este mecanismo, primero los proyectos deben ser declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
El monto invertido en cada proyecto será certificado por el Ministerio de Economía y Finanzas y los certificados pueden ser usados por empresas privadas como parte de sus pagos de impuestos, indicó.
El valor de los certificados será financiado con los recursos determinados por concepto de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y otros.
La funcionaria también destacó la necesidad de establecer una coordinación eficiente entre los sectores, como los ministerios, reguladores, gobiernos regionales, la Contraloría General de la República y el Congreso.
"Tiene que haber una coordinación interinstitucional para tener una visión compartida de lo que es la promoción de la inversión privada", sostuvo.
La titular de ProInversión señaló que la crisis internacional aún puede seguir afectando los procesos de concesión, ya que los inversionistas todavía podrían tener dificultades para acceder al financiamiento
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